Para entender los antecedentes de la problemática de acoso callejero, revisemos el caso colombiano. En Colombia, la frecuencia de este problema se conoce a partir de fuentes legales, que solo cubren casos registrados. Entre estos podemos encontrar que los delitos sexuales denunciados son mayormente por niñas de un promedio de 10 y 14 años. En 1996, el Ministerio de Salud crea el Plan de Atención Básica (ley 100). Este  plan incluye la promoción, prevención y atención para víctimas con diferentes casos de problemas. El objetivo del PAB es la promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia en salud pública y el control de factores de riesgo por medio de un conjunto de actividades e intervenciones. (Ministerio de Salud). En 1997, Colombia desarrolló la Ley 360, esta ley  otorga a víctimas de violencia sexual el derecho de un examen y tratamiento por el trauma físico y emocional. (Diego Vivas Tafur). Colombia  y Perú no cuentan con un plan de acción rápido. Y si lo hacen  este es poco eficaz. En ambos países  escasea la investigación sobre las condiciones de implementación de políticas y los potenciales efectos que pueden tener en la sociedad. Según Zulma C. Urrego Mendoza (2007), “debe ser impulsada la investigación, incluyendo la evaluación del impacto de las políticas públicas desarrolladas”. Al implementar leyes estas no se vean restringidas por otras ya existentes. En el ámbito de seguridad se debería priorizar las necesidades de mujeres y niñas en materia de violencia de género, para así crear un ambiente seguro y evitar problemas que trasciendan en ellas.